Los médicos reclaman al juzgado más indemnizaciones por la falta de elementos de protección de Puig

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha elevado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) un recurso de suplicación frente a la sentencia emitida por el Juzgado de los Social Número 1 de Benidorm por la falta de elementos de protección a la que, a juicio de este colectivo médico, les sometió la Consejería de Sanidad, que dirige la socialista Ana Barceló en el Gobierno valenciano que preside el también socialista Ximo Puig, durante la primera ola de la pandemia. En su recurso, los médicos hacen contar su disconformidad en la cuantía de dichas indemnizaciones, fijadas entre 2.000 y 6.000 euros según las categorías por el juzgado de Benidorm, y piden que se equiparen a las dictadas en su día por otro juzgado: el de lo Social Número 5 de Alicante, que oscilan entre los 5.000 y los 49.000 euros y que el colectivo sí considera correctas y justificadas.

La batalla que se dirime en sede judicial entre los médicos de la atención primaria y el Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig afronta un nuevo capítulo. La delegación valenciana de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que preside el doctor Víctor Pedrera, mantiene un contencioso abierto con el Ejecutivo de Puig por la falta de elementos de protección a la que se vieron sometidos los médicos durante la primera ola de la pandemia.

Por este motivo, esos médicos han llevado al Juzgado a la Consejería de Sanidad de Ximo Puig. Querían que se les reconociese que aquella falta de elementos de protección puso en riesgo su salud y sus vidas. Y también, que se les indemnizase por el riesgo que sufrieron en esos días en que España entera estaba confinada en sus domicilios ante los efectos demoledores del covid y ellos debían atender a sus pacientes en unas condiciones que consideran extremadamente precarias.  Una primera sentencia, el pasado enero, no sólo dio la razón a los facultativos, sino que además estableció una tabla de indemnizaciones entre 5.000 y 49.000 euros en función del riesgo y las consecuencias de esa carencia de elementos de protección que hubiera sufrido cada galeno.

Fue la primera de una serie de 3. El total de las indemnizaciones contempladas entre esas 3 sentencias supera los 2 millones de euros, que es la cantidad que debe pagar la Generalitat Valenciana. Y aquí, es donde se complica el tema. Por un lado, los médicos entendieron que las cuantías fijadas en concepto de indemnización por uno de los 3 juzgados que les dio la razón, el de Benidorm, no les resarcen del riesgo que sufrieron. Por ello, rebaten, a través de argumentos legales y jurídicos, esa sentencia, en un recurso de suplicación presentado ante el TSJCV.

Por tanto, ese recurso se refiere exclusivamente a la sentencia de Benidorm. Y no debe confundirse con otro, de impugnación, presentado por este mismo colectivo. Este último, el de impugnación, no se refiere al caso de Benidorm, sino que obedece a otro recurso de suplicación, en este caso de la Generalitat Valenciana, frente a la falta de elementos de elementos de protección y las indemnizaciones aplicadas que en su conjunto se elevan en su montante global por encima de los 2 millones de euros.

En el caso de Benidorm, que es el que nos ocupa, los médicos de CESM-CV reclaman que se aplique el criterio de infracción grave, que sí contempló el Juzgado de Alicante, y que en función de esa infracción se apliquen los criterios sancionadores previstos por la ley. Por tanto, que las cuantías se ajusten a las contempladas en la primera de las 3 sentencias, la de Alicante, y que establezca un baremo de indemnizaciones entre los 5.000 y los 49.000 euros, tal como contemplaba aquella primera sentencia.

CESM-CV es el sindicato médico de referencia en la Atención Primaria valenciana, con más de 5.000 afiliados y mantiene serias diferencias con la Generalitat en diversos capítulos. Uno de los más sonados en los últimos tiempos, el de su disconformidad con el plan de choque lanzado hace algunas semanas por la propia Generalitat Según dijeron entonces, ni siquiera se les había consultado.